La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires le otorgó una licencia por 90 días a la jueza Julieta Makintach, tras el escándalo que estalló en el juicio por la muerte de Diego Maradona, según contó Ángel de Brito en LAM.

Makintach, quien subrogaba una vacante en el Tribunal Oral N° 3 durante el proceso y debió renunciar luego de que se descubriera que participaba en un documental clandestino sobre el caso, forma parte del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de San Isidro.

Ahora, el máximo tribunal de justicia bonaerense resolvió concederle una licencia compulsiva. La medida comenzó a regir este miércoles y, en principio, se extenderá por 90 días.

"Por la naturaleza de los hechos involucrados y la urgencia del caso, el Tribunal dispuso trasladar la resolución al Procurador General, a fin de que evalúe el actuar de la Dra. Makintach en los términos de la Ley N° 13.661 (de enjuiciamiento de magistrados), en orden a la pertinencia de la acusación de conformidad con el artículo 182 de la Constitución Provincial", expresó la Suprema Corte en un comunicado.

En otras palabras, la Corte le habilita al procurador Julio Conte Grand la posibilidad de impulsar un jury contra Makintach, quien ya acumulaba al menos tres pedidos de juicio político por el escándalo del documental.

La resolución que la licencia lleva las firmas de la presidenta Hilda Kogan, el vicepresidente Sergio Gabriel Torres y el ministro Daniel Fernando Soria.

"El análisis inicial de los antecedentes puestos de relieve y la presentación efectuada por la Subsecretaría de Control Disciplinario del Tribunal permiten advertir las características inusitadas de la participación que habría tenido la mencionada magistrada en un film o video, supuestamente documental, referido al proceso penal correspondiente a la Causa Nº 5628", indicaron.

Los jueces de la Suprema Corte no escatimaron críticas hacia Makintach. "Evidencia, prima facie, y cuanto menos, una conducta alejada de la sobriedad, la mesura y la corrección exigibles a todo servidor de este poder del Estado. Así enfocado, semejante obrar, inconciliable con el decoro y la prudencia que impone apego a la juridicidad, contrastaría abiertamente con el desempeño responsable de la jurisdicción", señalaron.

"En ejercicio de las atribuciones de superintendencia del Tribunal, cabe adoptar todas las acciones necesarias para garantizar la efectividad de la investigación y de las causas en trámite, como así también la confianza de la ciudadanía en la Administración de Justicia", añadieron.