Una serie de allanamientos y protestas sacudieron a La Matanza luego de que se revelara la existencia de una red de clínicas clandestinas operadas por personas sin títulos médicos habilitantes. Los familiares de pacientes fallecidos se enteraron por los medios que quienes atendían en estos centros no eran profesionales, sino individuos con antecedentes penales, entre ellos Alberto Rubén Santarceri, condenado por homicidio.