lunes 27 de agosto de 2018
#Involucrados

Cristina negó que haya "bóvedas o documentos ilícitos" en sus viviendas

Carlos Beraldi, abogado de la expresidenta, emitió un comunicado en el que cuestiona al juez Bonadio y denunció que durante las pericias dejaron "un tóxico de contacto" en la casa de la expresidenta.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a cuestionar al juez federal Claudio Bonadio por supuestas irregularidades en los allanamientos que llevó adelante en sus domicilios y, además, negó de plano que haya "bóvedas o documentos ilícitos" en sus viviendas, como trascendió luego del operativo que se llevó a cabo en su casa de El Calafate.

En un comunicado difundido por su abogado, Carlos Beraldi, a través de las redes sociales de CFK, insistió con que hubo "ilegalidades" en los procedimientos que llevó a cabo Bonadio en el marco de la causa en la que se la acusa de ser la jefa de una asociación ilícita que se dedicaba, principalmente, a recaudar coimas millonarias de la obra pública.
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"El allanamiento en la propiedad de El Calafate fue extendido en el tiempo de manera ilegal y deliberada con el inequívoco propósito de seguir generando estrépito y material para las tapas de diario del fin de semana", señala Beraldi, en la comunicación que se hizo pública en las últimas horas y en la que se fija posición sobre los allanamientos a Cristina.

Asimismo, cuestiona que se haya filtrado "a la prensa, como es costumbre, datos absolutamente falsos: en ninguno de los domicilios hay bóvedas ni documentos u objetos que puedan tener una procedencia ilícita" y añade que las cosas que se ordenó secuestrar "son efectos que integran el ajuar del hogar, cuya incautación no tiene otro propósito que generar daño y humillación".

A continuación, el comunicado completo del abogado Carlos Beraldi:
1. Se me impidió controlar, como abogado defensor y como única persona que se encontraba en el domicilio, el allanamiento que se llevó a cabo en el inmueble de la calle Uruguay, violándose expresamente las disposiciones constitucionales, la ley dictada en consecuencia y lo que el Senado de la Nación dispuso en particular para este allanamiento. Todas estas ilegalidades ya fueron denunciadas ante la justicia penal competente, el Consejo de la Magistratura, el Colegio de Abogados y será puntualizada a cada uno de los jefes de bloque del Senado de la Nación.

2. El allanamiento en la propiedad de El Calafate fue extendido en el tiempo de manera ilegal y deliberada con el inequívoco propósito de seguir generando estrépito y material para las tapas de diario del fin de semana.

3. Se filtró a la prensa, como es costumbre, datos absolutamente falsos: en ninguno de los domicilios hay bóvedas ni documentos u objetos que puedan tener una procedencia ilícita.

4. Las cosas que Bonadío ordenó secuestrar, no sólo no guardan relación con el objeto de la causa, sino que además, son efectos que integran el ajuar del hogar, cuya incautación no tiene otro propósito que generar daño y humillación. Pero además y como muestra de la persecución política de la que mi defendida es objeto, se apoderaron de documentación que guarda relación directa con el cargo de Senadora de la Nación que le fuera conferido por el voto popular de millones de argentinos en la provincia de Buenos Aires. Ni siquiera se salvó el único auto que mi representada tiene: una camioneta Honda del año 2009.

5. En el caso puntual de El Calafate, no se está preservando la cadena de custodia de las cosas que están siendo requisadas durante el allanamiento. El procedimiento comienza y termina cuando se le ocurre al juez. En cada interrupción, el domicilio queda bajo la disposición discrecional de la fuerza policial destacada por el magistrado, sin que se pueda tener supervisión alguna sobre ellos. Concretamente: durante toda la noche no sabemos quién entra o sale de la casa y, mucho menos, si se planta cualquier tipo de prueba falsa.

6. Además, un hecho de extraordinaria gravedad acaba de ocurrir en el domicilio de la calle Uruguay. Quien se dedica habitualmente de las tareas del hogar en ese domicilio, ingresó al mismo el día sábado 25 de agosto de 2018 por primera vez después que se practicara el allanamiento. Dado que el trabajo de limpieza requería una mayor profundidad, le solicitó a dos miembros de su familia que la ayudaran.

Una vez en el interior del departamento, cuando estaban ordenando la ropa y limpiando los estantes en el vestidor del dormitorio de mi representada, sintieron mareos, fuerte picazón en la garganta y los ojos y dificultades para respirar. Como tales síntomas persistieron durante el resto del día, el domingo 26 de agosto próximo pasado concurrieron a la guardia del Hospital de Clínicas. Luego de efectuarse los controles médicos de rigor, se constató que las dolencias padecidas tienen como origen un tóxico de contacto, recomendándose evitar, por todos los medios, una nueva re exposición al mismo ambiente.

Por esa razón mi representada decidió no regresar a ese departamento hasta tanto no se tenga una certera evaluación sobre el lugar y las cosas que fueron objeto de manipulación durante el allanamiento.

7. Finalmente, poniendo en evidencia la actuación coordinada de distintas instancias judiciales, el día viernes a la noche el Centro de Información Judicial (CIJ) que depende directamente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, publicó un insólito informe en el que Bonadío anticipa la decisión que adoptará respecto de mi defendida, prejuzgando sobre su supuesto carácter de jefa de una asociación ilícita. Es decir que sería la cuarta asociación ilícita de la cual mi representada resultaría ser siempre la jefa.

8. Este nuevo capítulo, que se suma a la saga de dos años y medio de hostigamientos y persecuciones hacia la Dra. Fernández de Kirchner, en las que ni siquiera se han privado de escuchar y difundir sus conversaciones privadas, seguir sus movimientos utilizando personal de inteligencia del Estado e involucrar a los miembros de su familia en las distintas asociaciones ilícitas, constituye una etapa institucional que nos lleva a una sociedad pre democrática, en la que los derechos y garantías ciudadanos, al menos de los opositores al gobierno actual, son directamente eliminados.

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