El juez Sánchez Sarmiento dictó secreto de sumario en la causa que investiga la muerte de Alejandro Salazar, un joven residente del Hospital Bernardino Rivadavia hallado sin vida en su domicilio del barrio porteño de Recoleta tras una sobredosis de propofol y fentanilo. Estos fármacos, utilizados habitualmente para anestesias médicas, habrían sido sustraídos ilegalmente del Hospital Italiano, según confirmaron fuentes judiciales.

Durante los allanamientos realizados en sus domicilios y en la Mutual de Médicos Anestesistas se secuestraron insumos médicos, documentación y dispositivos electrónicos. Las pesquisas avanzan sobre dos ejes: el robo sistemático de medicamentos hospitalarios y su uso tanto para fiestas privadas como para experiencias denominadas “viajes controlados”, donde los asistentes pagaban hasta 2000 dólares por participar.

El caso generó alarma en el ámbito médico nacional debido a los riesgos asociados al consumo indebido de estos sedantes potentes y a las posibles negligencias profesionales.

La familia del fallecido exige respuestas mientras crece el temor sobre controles insuficientes dentro del sistema sanitario. La causa podría derivar en cargos graves bajo la ley de estupefacientes si se comprueba la existencia de una organización detrás del suministro ilegal.