jueves 01 de enero de 2015
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Perdió vigencia la clausula Rufo y se abre la posibilidad de negociar con los fondos buitres

La caída de esa cláusula RUFO (denominada así por la sigla  inglesa de Rights Upon Future Offers), libera ahora el camino  del gobierno para sentarse a negociar con los fondos buitre que  tienen fallos favorables en la justicia de Estados Unidos. 

Desde este jueves dejó de tener vigencia en los contratos de deuda externo la denominada cláusula "Rufo", que frenó la negociación entre el gobierno y los fondos buitres e impedía otorgarles a esos acreedores un beneficio mayor a los que participaron de la reestructuración de deuda del 2005 y 2010.

La caída de esa cláusula RUFO (denominada así por la sigla  inglesa de Rights Upon Future Offers), libera ahora el camino  del gobierno para sentarse a negociar con los fondos buitre que  tienen fallos favorables en la justicia de Estados Unidos. 

Los acreedores de la deuda externa que no participaron de esos dos canjes tienen una sentencia del juez de Nueva York, Thomas Griesa, tras la causa iniciada por el grupo inversor, NML Capital, que determinó que la Argentina debe pagarles alrededor  de 1.600 millones de dólares, entre capitales e intereses. A ese fallo se sumaron otros acreedores, que buscan beneficiarse del mismo fallo con lo que la deuda total ascendería a alrededor de los 10 mil millones de dolares.

No obstante el proceso de negociación podría ser largo y sería probable que se llegue a un arreglo inmediatamente, ya que el gobierno insistiría en otorgar las mismas condiciones que las que otorgó a los que participaron del canje. Diversos especialistas arriesgan que el acuerdo recién podría llegar en el segundo semestre de este año porque hay pasos legales que cumplir como la de hacer una nueva oferta publica que requiere la aprobación de las comisiones de valores de los países en los que se hagan, tanto en Estados Unidos como en Europa.

Actualmente los bonistas que tienen títulos de deuda con  legislación norteamericana o inglesa, son los que no pueden  acceder al cobro de los intereses de los títulos por el embargo  dispuesto por el juez Griesa. El conflicto judicial mantiene a la Argentina en un default  selectivo desde el 30 de julio, cuando el juez Griesa impidió el  pago a acreedores hasta que el país cumpla con el pago dispuesto en el fallo.

Para muchos economistas el gobierno no buscaría apurar el  acuerdo porque no necesita financiamiento internacional ni  acceder acceder al mercado de capitales y obtener divisas al  continuar financiándose en el mercado interno. Un acuerdo con los holdouts dependería entonces de si el  equipo económico necesita dinero para poder financiarse y cumplir con los compromisos de deuda de este año que superan los 11 mil millones de dólares.

Fuente: NA

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