lunes 05 de enero de 2015
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Denuncian a la Procuradora General por el nombramiento de fiscales K e impulsan su juicio político

Alejandra Gils Carbó recibió varias denuncias penales a raíz de la designación de 16 fiscales federales en distintas jurisdicciones, situación por la cual la oposición anticipó que también pedirá su juicio político.

La Procuradora General Alejandra Gils Carbó recibió varias denuncias penales a raíz de la designación de 16 fiscales federales en distintas jurisdicciones, situación por la cual la oposición anticipó que también pedirá su juicio político.

El Frente Renovador de Sergio Massa recurrió a la Justicia para plantear la inconstitucionalidad de las resoluciones por las cuales Gils Carbó designó a fiscales "afines al modelo" para  desempeñarse como subrogantes en la fiscalías creadas por el Anexo II del nuevo Código Procesal Penal.

Además, los legisladores Adrián Pérez y Graciela Camaño adelantaron que presentarán en el Congreso un pedido de juicio político contra la procuradora por mal desempeño en sus funciones.

"La última designación masiva de fiscales afines al Gobierno y el desplazamiento de otros de forma arbitraria demuestra que el interés de Gils Carbó no es el de proteger los intereses del Estado y sus ciudadanos, sino los del Gobierno que la designó.

Actúa más como un comisario político que cómo una funcionaria de la República", resaltaron en un comunicado.

En tanto, la diputada de Unión PRO Patricia Bullrich anticipó que también realizará una denuncia, al evaluar que "la designación de fiscales truchos es un intento más dentro de la estrategia kirchnerista de dominar y colonizar a la Justicia".

"La política central del Gobierno de los Kirchner desde hace más de 10 años, es la del vamos por todos, por eso en coherencia con ello, ahora a las reiteradas presiones directas a los fiscales, se le suma éste nuevo intento de control anti Republicano", recalcó Bullrich en un comunicado.

Ante la Justicia, este lunes también ingresaron otras tres denuncias contra Gils Carbó, la primera realizada por la ONG Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional, que recayó en el juzgado federal de Norberto Oyarbide.

A esa se sumó una presentación similar realizada por un abogado particular, que cayó en manos del juez Ariel Lijo, y otra que hizo en sede policial el dirigente peronista Juan Ricardo Mussa, en la que aún no se sabe qué magistrado intervendrá.

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