sábado 03 de enero de 2015
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Acusaron a la procuradora Gils Carbó de querer controlar las investigaciones

La Asociación de Magistrados y una agrupación de abogados criticaron a la procuradora general por cubrir los cargos establecidos en la reforma del Código Procesal Penal.

Distintos estamentos judiciales criticaron la decisión de la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, de cubrir los nuevos cargos establecidos en la reforma del Código Procesal Penal y advirtieron sobre una supuesta intención de controlar las investigaciones penales contra funcionarios públicos.

La Asociación de Magistrados y la agrupación de abogados Será Justicia emitieron comunicados en los que criticaron las designaciones realizadas por Gils Carbó, mientras entre algunos fiscales también se deslizaron cuestionamientos.

No obstante, fuentes de la Procuración General consultadas le restaron importancia a las críticas y adelantaron que por el momento no habrá una respuesta oficial.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios manifestó que la puesta en funcionamiento de estas Fiscalías Generales podría encubrir la intención de controlar las investigaciones penales existentes, especialmente las que tienen como sujetos imputados a funcionarios públicos por hechos de corrupción y agregó que, de acuerdo a las modificaciones establecidas por el Anexo II de la Ley 27.063, una Comisión Bicameral debe realizar el proyecto de implementación y que resulta necesario reformular la organización del Ministerio Público Fiscal.

Luego de esta reorganización, que permita al Ministerio Público desarrollar las nuevas funciones como titular de la acción penal, recién se “podrán fijar las necesidades reales en materia de recursos humanos y materiales, y la fecha de entrada en vigencia de la reforma procesal”, señaló la Asociación de Magistrados.

Por su parte, la agrupación de abogados aseguró que las designaciones evidencian “la pretensión de convertir a los fiscales nombrados en un obstáculo para la investigación de delitos, especialmente, los referidos a hechos de corrupción donde se involucre a altos funcionarios”.

“Bajo la modalidad de subrogantes, se reasignó en diferentes funciones a fiscales que contaban con acuerdo del Senado para otras jurisdicciones, haciendo abuso de las facultades del Anexo II del Código Procesal Penal, que carece de las leyes complementarias indispensables para su plena y legítima operatividad”, añadió la asociación. Asimismo, el fiscal Carlos Ernst, mediante una carta enviada a la Procuraduría General, cuestionó el traslado de la Fiscalía General de Capacitación y formación asegurando a Gils Carbó que disolvió un área de trabajo con 18 años de historia.

En la misiva, el fiscal añadió que “pareciera una situación ya no de destrato, sino un verdadero atropellamiento”, pero reafirmó que cumplirá a conciencia con sus nuevas responsabilidades “como lo hago desde hace más de 20 años”.

Muchas de las designaciones de nuevos fiscales, habilitadas por la reforma del Código Procesal Penal, recién se harán efectivas en febrero, por lo que fuentes de algunas fiscalías deslizaron que fueron planificadas para esta fecha en virtud del comienzo de la feria judicial.

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